SI SE PUEDE

La descarnada realidad que se vive en Nariño Así las instituciones del Estado traten de minimizar la situación o de ocultarla, la realidad en materia humanitaria que vive el departamento de Nariño es supremamente crítica, como lo muestra un estudio de la Fundación de Desarrollo y Paz, Fundepaz, en el que se revelan cifras escalofriantes de víctimas del conflicto armado.En la investigación denominada ‘Hilando desde el laberinto’ se muestran las consecuencia de este conflicto en el que intervienen actores armados como las guerrillas de las Farc, el Eln, las hoy conocidas como Bandas Criminales, Bacrim, los mismos paramilitares que entraron en proceso de desmovilización desde el 2006 y que se han agrupado en bancas como ‘Los Rastrojos’, ‘Las águilas Negras’, además de las Fuerzas Armadas.El estudio que se hará público en los próximos días revela que en los últimos años se han presentado 887 casos de desaparición forzada y 20 ejecuciones sumarias o los denominados ‘falsos positivo’ o también muertes selectivas, atribuidas a personal militar.Se referencia, además, 156 reclutamientos forzados de menores de edad y 479 víctimas de minas antipersonal y municiones sin explotar que han afectado tanto a civiles como a militares, de los cuales 119 han fallecido y el resto han quedado con lesiones irreversibles por los desmembramientos.Una situación que no escapa a lo descarnado de la ‘guerra’ es la violación de los derechos humanos a las mujeres, que son utilizadas como botín para contrarrestar al enemigo. Las jóvenes son violadas, sometidas a esclavitud sexual, torturadas y en algunos casos desaparecidas.En lo que compete a la Ley de Justicia y Paz, Fundepaz precisa que no se están logrando los estándares mínimos de justicia, es decir que no se han cumplido a cabalidad los preceptos de reparar a las víctimas y procesar a los responsables, además de que aún no se ha dicho toda la verdad en torno al fenómeno paramilitar en el país.Hace poco señalábamos en este espacio que se conocía en Nariño sobre una serie de denuncias de personas que han sido amenazadas de muerte porque hacen parte del proceso para recuperar sus tierras de las que tuvieron que salir desplazadas. Si analizamos esta situación vemos que las víctimas están a merced de los victimarios y que el Estado no les puede brindar la suficiente protección para garantizarles su vida. Esperamos que el estudio tenga efecto en el Gobierno Nacional para que se reconozca a Nariño como una región en crisis humanitaria y se preste el apoyo en recursos, programas de prevención y mucho más en la implementación de políticas efectivas que nos permitan en los próximos años cambiar de rumbo.El informe también permitirá llamar la atención de la comunidad internacional para que a través de las organizaciones defensoras de los derechos humanos se presione a nuestro Gobierno en el sentido de que protejan a las poblaciones vulnerables, como a los indígenas Awá, cuyo pueblo ha sido condenado por los violentos a la desaparición, por habitar en zonas que para estos son estratégicas y las utilizan sobre todo en cultivos ilícitos y tráfico de estupefacientes.Al mismo tiempo debe llevar a reflexionar y a actuar a las autoridades del departamento y de los municipios ubicados en zonas de conflicto para que se involucren en la búsqueda de la paz y no se queden a esperar que vengan otros actores a solucionarnos los problemas. De allí que el compromiso de los candidatos que se van a constituir después del próximo 30 de octubre en alcaldes, concejales, diputados, ediles y representantes de otras instituciones, es comprometerse no sólo con el desarrollo sino con salidas concertadas que lleven a mitigar los efectos del conflicto armado.Samaniego contribuye desde su aspiracion a la alcaldia en cabeza del candidato HAROLD MONTUFAR, apostarle al pacto local y regional de paz.