La ley 30 de 1992 permitirá que en las universidades públicas se inyecten recursos privados, lo cual afectará a los estudiantes vulnerables. SIGUE PROYECTO DE PRIVATIZACION.
LA UNIVERSIDAD SE PRONUNCIA.
Entre la espada y la pared pondría a la educación superior pública de la ciudad de Pasto y de otras regiones del país un proyecto de ley que en Colombia pretende privatizar la formación académica.
Con esa determinación se vulnerará ese derecho a los alumnos de escasos recursos económicos. La aceptación de esa reforma ha generado en diversas oportunidades enfrentamientos entre docentes y alumnos de la Universidad de Nariño, por los beneficios que traerá para unos y desventajas para otros. Expertos en la materia afirman que la Ley 30 del año 1992 permitirá a los rectores contratar docentes titulados con magíster y doctorados. Esa determinación incrementará los costos y reducirá la financiación de las matrículas para los estudiantes de los estratos sociales más bajos. Así mismo afirman que con esa ley se incrementarán los costos en el precio de la matrícula, siendo los más perjudicados los jóvenes y señoritas vulnerables de la ciudad y el resto del departamento de Nariño.
En pie de lucha: El rector de la Universidad de Nariño, Edmundo Calvache, dijo que él y sus demás compañeros de labores, no sólo de la región sino de toda Colombia, se encuentran en pie de lucha por la defensa de la educación pública.“La institución se mantiene con el 3% de los recursos anuales que recibe de la nación, sin embargo en la base se precisa que el 1.5% se esos dineros se destina para los gastos internos. Pese a ese inconveniente nuestra universidad tiene recursos de sostenimiento hasta el 2014”, expresó, añadió que en la actualidad la Udenar presenta déficit y que espera la asignación de más recursos para ampliar la cobertura educativa. Por la falta de dinero la universidad no ha podido abrir sus sedes en los municipios donde ha sido solicitada su presencia. “Es por ello que se mantiene con los trece programas tanto en la Udenar como en sus extensiones”, señaló. Buscan sostenibilidad “Estamos a la espera del aval del Consejo Superior para buscar la sostenibilidad económica y de esa manera financiar lo que hace falta en la educación pública”, afirmó el rector.
Destacó que “hasta el momento la anunciada ley no ha generado malos entendidos entre estudiantes ni profesores, debido a que hemos mantenido permanentes diálogos respecto a su contenido”. “Es importante tener en cuenta que el proyecto es una discusión entre las entidades privadas, las cuales buscan entrar a las universidades públicas para tener derecho a unas utilidades”, sostuvo. “Con ello lo único que pretenden es endeudar a los alumnos y a las instituciones públicas”, puntualizó el rector. Agregó que en los siguientes días él y los rectores de otros centros de educación superior se reunirán con la ministra de Educación María Fernanda Campo para presentarle nuevas propuestas, las cuales contribuirán con el fortalecimiento pedagógico de la juventud, especialmente de la más necesitada.
Más apoyo El rector de la Universidad Autónoma de Nariño, Tito Jaime Colunge, dijo que al aprobar la ley los más perjudicados serán los docentes y estudiantes porque bajaría la calidad de la educación. “A cualquier entidad privada le interesa aumentar sus ingresos y por eso con la entrada de esa ley se vería en la obligación de aumentar el valor de las matrículas. Con esa determinación se perjudicaría un buen número de alumnos”, explicó.
Añadió que el proceso aún está pendiente en el Congreso de la República y que los docentes siguen analizando y estudiando el proyecto para lograr su derogación.
“La universidad pública irremediablemente debe estar a cargo del Estado, porque si se le inyecta un capital privado lógicamente que dejaría de pertenecer al Gobierno. Por esa y otras razones más a las instituciones públicas no les conviene aceptar esa ley”, expresó el rector.
Contra la educación El decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño, Manuel Enrique Martínez Riascos, dijo que la financiación de la educación pública no la asume el Estado sino que va a ser compartida con entidades privadas nacionales e internacionales.“Sabemos que hay procesos negativos y por eso han dado resultados en países como Chile y Brasil. La modalidad no es nada novedosa y por eso ha dejado contratiempos”, señaló. Agregó que hay sectores que sin saber a fondo de qué se trata la anunciada ley la aceptan, sin embargo la mayoría no está de acuerdo, porque la inversión del capital privado nunca es gratuita. “En una reunión con varios rectores de las universidades públicas se intercambiaron varios puntos de vista para enfrentar las pretensiones del Gobierno y modificar la Ley 30 de 1992”, dijo Martínez. Genera preocupación: El secretario general de la Universidad de Nariño, Fernando Guerrero Farinango, afirmó que la Ley 30 está dirigida a tocar la autonomía universitaria, argumentando que garantizará la financiación de los procesos de investigación. “La propuesta conlleva paulatinamente a que se privatice la educación pública. No es conveniente porque ese derecho en Colombia está constituido por jovenes que vienen de estratos uno, dos y tres, los cuales vienen de una población de escasos ingresos familiares”, dijo Guerrero. Añadió que la ley pretende dar la responsabilidad a los usuarios del servicio de la educación pública e irse desprendiendo de la responsabilidad del financiamiento que tiene el Estado, eso hace que llegue el capital privado.
Economía mixta: Si las universidades públicas se transforman en entidades privadas desaparecería la investigación y bajará el perfil académico, porque el interés no sería la enseñanza sino el lucro. La investigación y la formación académica con entidades privadas se convierten en un capitalismo apoderándose de la educación pública, llevando a una economía mixta que en el futuro entraría en problemas.
Con esa determinación se vulnerará ese derecho a los alumnos de escasos recursos económicos. La aceptación de esa reforma ha generado en diversas oportunidades enfrentamientos entre docentes y alumnos de la Universidad de Nariño, por los beneficios que traerá para unos y desventajas para otros. Expertos en la materia afirman que la Ley 30 del año 1992 permitirá a los rectores contratar docentes titulados con magíster y doctorados. Esa determinación incrementará los costos y reducirá la financiación de las matrículas para los estudiantes de los estratos sociales más bajos. Así mismo afirman que con esa ley se incrementarán los costos en el precio de la matrícula, siendo los más perjudicados los jóvenes y señoritas vulnerables de la ciudad y el resto del departamento de Nariño.
En pie de lucha: El rector de la Universidad de Nariño, Edmundo Calvache, dijo que él y sus demás compañeros de labores, no sólo de la región sino de toda Colombia, se encuentran en pie de lucha por la defensa de la educación pública.“La institución se mantiene con el 3% de los recursos anuales que recibe de la nación, sin embargo en la base se precisa que el 1.5% se esos dineros se destina para los gastos internos. Pese a ese inconveniente nuestra universidad tiene recursos de sostenimiento hasta el 2014”, expresó, añadió que en la actualidad la Udenar presenta déficit y que espera la asignación de más recursos para ampliar la cobertura educativa. Por la falta de dinero la universidad no ha podido abrir sus sedes en los municipios donde ha sido solicitada su presencia. “Es por ello que se mantiene con los trece programas tanto en la Udenar como en sus extensiones”, señaló. Buscan sostenibilidad “Estamos a la espera del aval del Consejo Superior para buscar la sostenibilidad económica y de esa manera financiar lo que hace falta en la educación pública”, afirmó el rector.
Destacó que “hasta el momento la anunciada ley no ha generado malos entendidos entre estudiantes ni profesores, debido a que hemos mantenido permanentes diálogos respecto a su contenido”. “Es importante tener en cuenta que el proyecto es una discusión entre las entidades privadas, las cuales buscan entrar a las universidades públicas para tener derecho a unas utilidades”, sostuvo. “Con ello lo único que pretenden es endeudar a los alumnos y a las instituciones públicas”, puntualizó el rector. Agregó que en los siguientes días él y los rectores de otros centros de educación superior se reunirán con la ministra de Educación María Fernanda Campo para presentarle nuevas propuestas, las cuales contribuirán con el fortalecimiento pedagógico de la juventud, especialmente de la más necesitada.
Más apoyo El rector de la Universidad Autónoma de Nariño, Tito Jaime Colunge, dijo que al aprobar la ley los más perjudicados serán los docentes y estudiantes porque bajaría la calidad de la educación. “A cualquier entidad privada le interesa aumentar sus ingresos y por eso con la entrada de esa ley se vería en la obligación de aumentar el valor de las matrículas. Con esa determinación se perjudicaría un buen número de alumnos”, explicó.
Añadió que el proceso aún está pendiente en el Congreso de la República y que los docentes siguen analizando y estudiando el proyecto para lograr su derogación.
“La universidad pública irremediablemente debe estar a cargo del Estado, porque si se le inyecta un capital privado lógicamente que dejaría de pertenecer al Gobierno. Por esa y otras razones más a las instituciones públicas no les conviene aceptar esa ley”, expresó el rector.
Contra la educación El decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Nariño, Manuel Enrique Martínez Riascos, dijo que la financiación de la educación pública no la asume el Estado sino que va a ser compartida con entidades privadas nacionales e internacionales.“Sabemos que hay procesos negativos y por eso han dado resultados en países como Chile y Brasil. La modalidad no es nada novedosa y por eso ha dejado contratiempos”, señaló. Agregó que hay sectores que sin saber a fondo de qué se trata la anunciada ley la aceptan, sin embargo la mayoría no está de acuerdo, porque la inversión del capital privado nunca es gratuita. “En una reunión con varios rectores de las universidades públicas se intercambiaron varios puntos de vista para enfrentar las pretensiones del Gobierno y modificar la Ley 30 de 1992”, dijo Martínez. Genera preocupación: El secretario general de la Universidad de Nariño, Fernando Guerrero Farinango, afirmó que la Ley 30 está dirigida a tocar la autonomía universitaria, argumentando que garantizará la financiación de los procesos de investigación. “La propuesta conlleva paulatinamente a que se privatice la educación pública. No es conveniente porque ese derecho en Colombia está constituido por jovenes que vienen de estratos uno, dos y tres, los cuales vienen de una población de escasos ingresos familiares”, dijo Guerrero. Añadió que la ley pretende dar la responsabilidad a los usuarios del servicio de la educación pública e irse desprendiendo de la responsabilidad del financiamiento que tiene el Estado, eso hace que llegue el capital privado.
Economía mixta: Si las universidades públicas se transforman en entidades privadas desaparecería la investigación y bajará el perfil académico, porque el interés no sería la enseñanza sino el lucro. La investigación y la formación académica con entidades privadas se convierten en un capitalismo apoderándose de la educación pública, llevando a una economía mixta que en el futuro entraría en problemas.
A muchos tambien se nos olvida que el TLC con los gringos esta a una puerta para ser aprobado,lo cual conlleva a privatizacion directa de la Educacion,costos desmedidos,educacion para unos pocos,por estos dias SIMANA esta en la organización de talleres de capacitacion que permitan dar a conocer a los jovenes estudiantes del Departamento de Nariño la situacion que se vive en el sector educativa y de la mano con la FECODE Y SIMANA luchar por la reivindicacion de nuestros Derechos adquiridos y que hoy estan tan violados que nunca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario